Ante los preocupantes hechos acaecidos en nuestra capital los últimos días, en representación de los afiliados a diferentes organismos empresariales estatales, reiteramos nuestra condena a cualquier acción que atente contra los derechos de la sociedad, en su conjunto impida el libre tránsito y ponga en riesgo la integridad de la población.

Hemos insistido, en repetidas ocasiones, en la necesidad de la aplicación del Estado de Derecho en la entidad. Hoy, esta necesidad se ha convertido en una urgencia que se debe atender de manera inmediata.

Ante eso, solicitamos a las autoridades competentes que realicen el trabajo que, por ley, les corresponde y apliquen el marco jurídico vigente para evitar que los intereses personales o gremiales, se impongan a los derechos de toda la ciudadanía.

Es preciso que se ponga un alto a acciones ilegales como bloqueos a las vías de comunicación y ataque al patrimonio privado, que, desgraciadamente, realizan de forma continua organizaciones que siguen causando daños de todo tipo a nuestro estado.

Respetamos la libertad de expresión y las diferentes formas de manifestación, pero condenamos la violencia y los atentados contra la actividad de personas que no deberían ser afectadas por estas situaciones, por lo que esperamos la respuesta efectiva de quienes, desde el gobierno, están a cargo de mantener la estabilidad social.