Ainer Marroquín / rotativoenlinea.com   

El Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que desde la Fiscalía Indígena de la FGE-Chiapas, se criminaliza a personas que defienden los derechos humanos, sólo por el hecho de ser originario de pueblos originarios.

El Frayba emitió una alerta de existir un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos, quienes suelen ser acusados por la Fiscalía de Chiapas, de delitos que no cometieron, así como de detenciones arbitrarias, en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. “ Todos los mayas tseltales e n medio de un racismo estructural.

De lo anterior, el organismo dio el de ejemplo de Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal e integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue falsamente acusado en  diciembre de 2020 de un delito que no cometió, fecha en la que torturado por autoridades comunitarias, y posteriormente procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

Así mismo, el centro expuso el caso de los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, es decir, de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, quienes en mayo de 2022 fueron detenidos. “Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado”.

De tal forma, el Frayba destaca que continúan luchando por la libertad absolutoria de los seis mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.

"Luchamos por la libertad absolutoria para los 6 mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.

“Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática”, señala la AC.

Por tanto, denunció que la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.