Ainer Marroquín / rotativoenlinea.com 

Del 2021 a la fecha, los ayuntamientos de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Bella Vista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Honduras de la Sierra, han sido omisos con la obligación de brindar seguridad y bienestar social a sus ciudadanos.

De acuerdo al informe: “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio”, realizado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT), se explica cómo la disputa por el territorio y el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, entre grupos delincuencia organizada, ha generado terror y miedo en la población de los municipios de la región Sierra.

Ante este panorama de violencia, la organización denuncia y pone en relieve lo que está sucediendo en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Bella Vista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero, Honduras de la Sierra, donde las autoridades locales han omitido sus funciones de salvaguardar la integridad de sus gobernados.

“Garantizar la protección de la población civil frente a las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, asegurando la acción pertinente de las entidades estatales de carácter civil. Es necesario implementar una perspectiva interseccional para la atención a los grupos más vulnerables (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas indígenas)”.

El informe de la organización, menciona que en esta extensión del territorio chiapaneco es un punto clave para las organizaciones de la delincuencia, ya que las rutas de la frontera son aprovechadas para el transporte de todo tipo de mercancías, desde drogas, armas, ganado ilegal, e incluso para el tráfico de personas en situación de movilidad.

Por lo anterior, remarca que los grupos que protagonizan estas disputas, ha sido creciente ya que operan a nivel territorial por medio de estructuras criminales complejas conformadas por miembros del cártel, operadores locales y autoridades del estado a distinto nivel, instaurando una “gobernanza criminal” que va más allá de los negocios ilícitos.

Dentro de este panorama, la organización señala que múltiples ejidos y comunidades han quedado atrapadas en la disputa por el control del territorio, siendo objeto de actos de terror, control y agresiones, violando el principio de distinción, y generando un “entorno torturante”.

De tal manera, se enuncia que el conflicto dentro de la frontera chiapaneca también despliega un conjunto de estrategias económicas que la delincuencia organizada desarrolla, tanto para afianzar el control sobre el territorio como para subsanar los gastos operativos que implica la disputa.

Por tanto, la organización recomienda a los ayuntamientos fronterizos y al Estado, a que garanticen mecanismos prioritarios, seguros, eficaces y efectivos de acceso a la justicia para las personas víctimas de violaciones de derechos humanos en los municipios.