Verónica Jacqueline Ordóñez Roblero, denunció que hace 14 años  perdió su movilidad y autonomía luego de ser atropellada. Pese a haber mandatos judiciales la empresa responsable se niega a responder para la reparación del daño. 

Lo que siguió fue una batalla legal interminable contra dos empresas de Tuxtla Gutiérrez, acusadas de eludir el pago de una indemnización ordenada por la justicia.

Con una discapacidad permanente debido a un traumatismo craneoencefálico y hemiparesia izquierda, Verónica y su abogado, Rosemberg Díaz Pérez, han denunciado que Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V. y Exclusivas En Tuxtla S.A. de C.V. —distribuidoras de la marca Superior en la región— han recurrido a estrategias dilatorias, incluyendo "amparos innecesarios", para evitar cumplir con la reparación del daño.

"Han usado su poder económico para burlar la ley, mientras mi cliente enfrenta consecuencias físicas, emocionales y económicas irreparables", afirmó Díaz Pérez.

El caso tomó un giro preocupante cuando la Secretaría de Finanzas de Chiapas, encargada de ejecutar el embargo de bienes de las empresas, presuntamente actuó con negligencia. Según el abogado, un alto funcionario de la dependencia —dueño de una de las empresas involucradas— habría bloqueado el proceso, a pesar de tres requerimientos judiciales.

"La deuda ya es un crédito fiscal, pero no se ha embargado ni un solo peso. Es una revictimización institucional", denunció.

Verónica, quien sobrevive con una pensión del IMSS y el apoyo de su padre anciano, hizo un enérgico llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

"Señor gobernador, usted prometió cero corrupción y cero impunidad. Hoy le pido que cumpla. No es solo dinero; es justicia para mi hija y para mi dignidad".