Pablo Álvarez / rotativoenlinea.com

Aún no se sabe cuánto tiempo se requerirá para resolver los más de 18 mil 200 asuntos o conflictos laborales que quedan en manos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del estado, manifestó su presidente Carlos Martínez Vázquez.

En entrevista, reconoció que el tema de la pandemia ha demorado aun más el avance, para cumplir a cabalidad con el plan que ellos mismos se propusieron para concluir a la brevedad posible.

Recordó que Chiapas fue uno de los ocho primeros estados del país que entró con la reforma en materia de justicia de trabajo, mientras que la segunda fase se dará en este año y la última en el 2022, para que todos estén a la vanguardia tanto a nivel local como federal.

Desde el 2019, rememoró, la entidad chiapaneca se reunió con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Poder Judicial de la Federación y la misma JLCA para asumir dicho compromiso.

Tribunales listos; se agilizarán juicios

En noviembre de 2020, resaltó que se iniciaron con los órganos de impartición de justicia a nivel local, como el Tribunal Laboral, por lo que se abrieron dos juzgados laborales, uno en Tuxtla y otro en Tapachula, además de un Centro de Conciliación en la materia, mismos que ya se encargan de los nuevos asuntos o controversias entre patrones y sus trabajadores, pero de forma pausada por la contingencia sanitaria por el covid-19.

Es decir, explicó que esos nuevos espacios cuentan con sus estructuras orgánicas: ya tienen sus jueces, secretarios instructores, actuarios y todo el personal administrativo necesario.

“Se augura que la justicia de trabajo no sea aquella que se destilaba ante las Juntas de Conciliación que, por desgracia, se llevaban años en resolver un asunto, es decir que ahora la conciliación se pacte en 45 días naturales, hablamos de tres a seis meses, no más, sin tantos formulismos”, apuntó.

Destino de juntas y trabajadores

Pese a la presencia de la contingencia sanitaria, dijo que han estado abiertos para atender, a quien lo requiera, y de esa forma concluir los asuntos, previa solicitud vía electrónica. “La JLCA tiene 7 juntas especiales: 2 en Tuxtla, una en Tapachula, otra en Tonalá, una más en Comitán, uno en Palenque y otro en Pichucalco, y ahí hemos visto cómo avanzar”.

Aunque la intención es retornar a sus labores el próximo 2 de febrero, admitió que es incierto porque Chiapas pasó a semáforo epidemiológico amarillo, por lo que lo principal es preservar la salud de todos. “De hecho, tenemos pensado instrumentar algunas acciones de conciliación, y así concluir en estos asuntos”.

Aclaró que, por el momento, se mantienen los 123 trabajadores de las 7 Juntas de Conciliación, más la local, “se tienen que respetar todos los derechos de ellos, una vez que todo esto se concluya, es decir que comience el cierre de algunas Juntas”.

Entre algunas opciones que habría, Carlos Martínez mencionó que, como dependen del Poder Ejecutivo, existe la posibilidad de que sean movidos a otras dependencias, o salvaguardarles sus derechos con una liquidación de acuerdo con la ley.

Lo que también se viene, consideró, es un doble gasto como estado, pues por un lado están las Juntas de Conciliación y por el otro el Centro de Conciliación y el Tribunal Laboral, “pero ya estamos como punta de lanza en materia de justicia laboral en Chiapas, lo que es importante”.