Martes16 de julio de 2024

Ningún funcionario podrá frenar el acceso de las mujeres a la justicia, bajo procesos dilatorios

Reconoce la importancia del pluralismo formal, informal y legal, para entender las “necesidades de justicia no satisfechas” de las mujeres.


Por rotativoenlinea.com

9 de febrero de 2024 Actualizado a las 06:02:23

Por unanimidad, con 453 votos a favor, cero abstenciones y cero sufragios en contra, la Cámara de las Diputadas y los Diputados aprobó este jueves, el Dictamen de la perredista Olga Luz Espinosa Morales, por el que se vigoriza el término “violencia institucional” en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por el cual se sancionará a funcionarios que pretendan, con distinto tipo de argucias, frenar el acceso de las mexicanas a la justicia.

“La identificación de la violencia institucional buscará atender las necesidades legales insatisfechas con respecto de situaciones en la que las mujeres no pueden acceder a la justicia para abordar sus problemas legales; destacando las protecciones constitucionales, civiles, penales, familiares y administrativas; y reconoce la importancia del pluralismo formal, informal y legal para entender las necesidades de justicia no satisfechas de las mujeres”; señala el párrafo que, en nombre de Espinosa Morales, presentó ante el Pleno la Diputada Elizabeth Pérez Valdez.

En este sentido, la Vicecoordinadora de la bancada perredista explicó que “sabedores del contexto social que se vive en México ante la ola de violencia -que aqueja principalmente a las mujeres- en un sistema patriarcal que busca seguir permeando conductas violentadoras, resulta fundamental seguir legislando en pro de su erradicación”.

“Las mujeres que deciden presentar una denuncia o ejercitar acciones que rompan el círculo de violencia –añadió- se enfrentan a momentos de vulnerabilidad y revictimización cuando las instituciones responsables de proveerles ayuda, son quienes más perpetúan esta violencia ya sea por falta de sensibilización o conocimiento del tema, o bien por la realización de prácticas que retardan la impartición de justicia, lo cual puede verse en todos los ámbitos legales donde se necesita asesoría o atención del Estado”.

Ello, citó Pérez Valdez, refleja la deficiencia del Estado en la atención hacia las mujeres y las problemáticas subyacentes, así como de frenar la violencia que ha desembocado en los miles de feminicidios y desapariciones que aquejan a nuestro país.

La aprobación del presente Dictamen –aseguró- significa avanzar en el camino correcto; sin embargo, el problema de fondo se encuentra muy lejos de resolver cuando se requieren políticas eficaces y certeras que eliminen sesgos discriminatorios; que los recursos se apliquen verdaderamente y dejen de etiquetarse para fines distintos a los señalados, así como un incremento real en cada uno de ellos.

La legisladora federal sostuvo en este sentido que también este poder de la Unión tiene un compromiso (igual que el Ejecutivo y el Judicial), en el sentido de “aprobar políticas eficientes, con reglas de operación claras y precisas que garanticen un manejo de los recursos humanos y económicos para atender las necesidades jurídicas insatisfechas derivadas del incumplimiento establecido en la norma Constitucional o secundarias, así como en tratados internacionales”.

Aquí estaremos –finalizó- las diputadas de esta LXV Legislatura a quienes nos corresponde votar en favor de estas leyes, y les daremos continuidad en los caminos que sigamos para hacer efectivo el hecho de que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia.